La Secretaría de Seguridad de Puebla reconoció que la operación de 104 espacios, tipo departamentos que operaron en el penal de San Miguel, generaron ganancias estimadas en al menos 3 millones de pesos semanales en los últimos años.
En un comunicado, la SSP informó que en estos días se concluyó la demolición del llamado “pueblito”, que fue construido ilegalmente adentro del reclusorio y en el cual había además restaurantes, farmacias, tiendas de abarrotes, locales de venta de ropa y zapatos, baños, ferretería e incluso corte de cabello, así como dos quioscos y dos gimnasios.
De manera tácita, el gobernador Miguel Barbosa Huerta ha reconocido que esta área de privilegio funcionó en al menos la mitad de su administración –la cual es de cinco años- pues argumentó que sus anteriores secretarios de seguridad lo engañaron al asegurarle que la habían destruido y nunca lo hicieron.
Daniel Cruz Luna, actual titular de la SSP, aseguró que a partir de enero, cuando él fue nombrado al frente de la dependencia, esa área fue desalojada, con lo que reconoció que en al menos dos años y medio de la actual administración las personas privadas de su libertad (PPL), que pudieron pagar, disfrutaron de esa área.
La SSP precisó que todo el proceso de demolición acabó hasta este 13 de julio, lo cual fue registrado por una notaría pública. Hasta ahora el gobierno de Puebla no ha informado sobre si inició acciones legales contra los anteriores titulares de Seguridad del Estado, entre ellos Raciel López y Rogelio López Maya, por el negocio que implicó este “pueblito”.
