Viviana Salgado, la ama de casa acusada de ataque a las vías de comunicación luego de que, por accidente, se le cayeron unas aspas de lavadora a las vías del Metro, y quien luego fue absuelta, exigió a las autoridades la reparación del daño psicosocial y económico, así como una disculpa pública del gobierno de Claudia Sheinbaum.
“Enfrentar a las instituciones en desventaja y con las falsas acusaciones que me hicieron me dejó un estrés pos-traumático que a su vez, derivó en una complicación de mi estado de salud por hipertensión arterial, la cual, muy posiblemente ya es un padecimiento crónico”, dijo.
La mujer, que el 13 de enero, cuando ocurrieron los hechos, iba acompañada de su hijo, agregó:
“Al Metro ya no nos vamos a subir, tenemos miedo, nos dejaron como delincuentes, a mi familia y a mí, como los peores. Ahora resulta que soy la delincuente número uno, y todo por ser pobre, por eso me mandaron a la cárcel, se ensañaron conmigo, fui su experimento en todos los problemas que tiene el Metro”.
Además, a raíz de la exhibición que hizo la autoridad en su contra, sus dos hijos fueron despedidos de su trabajo. “Me dejaron muy dañada con ese problema que me acusan de haber saboteado el Metro… Soy una persona sin estudios y a lo mejor el gobierno se aprovecha de mi capacidad de estudios, que no sé como defenderme ante ellos, una mujer humilde que no tiene estudios, no me sé mis derechos humanos… Me quisieron agarrar como prueba de sabotaje, para quitarse de culpa de todo lo que pasa en el Metro, y pues me dejo muy dañada a mi y mi familia”, agregó.
De acuerdo con su abogado, Teófilo Benítez -quien también representa a víctimas de la tragedia de la Línea 12-, la acusación que hizo el Sistema de Transporte Colectivo Metro y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) contra Viviana Salgado, le generó secuelas familiares, económicas, sociales y de salud.
El pasado 13 de enero, la mujer fue detenida en la estación Centro Médico de la Línea 3, cuando se le cayeron por accidente las aspas de lavadora que llevaba como muestra para comprar unas nuevas que necesitaba su electrodoméstico.
Fue la primera persona acusada por el gobierno de Sheinbaum y la Fiscalía, luego de que la morenista denunció la existencia de incidentes “atípicos” en el Metro, tras el choque de trenes de esa misma línea el sábado 7, que dejó una universitaria sin vida y 106 lesionados.
Viviana estuvo presa en el reclusorio de Santa Martha Acatitla, aunque luego el juez del caso le concedió la libertad condicional y el 27 de enero la absolvió de toda acusación, cuando se demostró que no aventó las aspas, sino que se le cayeron por accidente.
“Sistema inquisidor”
El abogado Teófilo Benítez acusó que la Fiscalía que dirige Ernestina Godoy exhibió a Viviana Salgado “como posible saboteadora”; mientras que el sobreseimiento de la acción penal que pidió el Ministerio Público al Juez de Control, a finales de enero, “es muestra clara del abuso de autoridad y la falta de pruebas en su contra”.
Agregó que “el papel de la Fiscalía fue más allá de una acusación y con elementos falsos pretendió dejarla en prisión para justificar los supuestos actos de sabotaje de que es objeto el Sistema de Transporte Colectivo Metro”.
No obstante, dijo que ese actuar “generó una violación al debido proceso, que debe ser motivo de una profunda investigación por la Comisión de Derechos Humanos y sobre todo por su calidad de mujer vulnerable, al carecer de recursos y de conocimiento para establecer una debida defensa”.
El litigante acusó: “Una vez más, la Fiscalía de Ernestina Godoy criminalizó la pobreza y a pesar de la inexistencia de pruebas motivó a que un juez de Control la vinculara a proceso sin sustento. Lo anterior es equiparable al sistema inquisidor, en el que primero se detenía a la persona y posteriormente se investigaba si era culpable”.
Añadió que, ese hecho demuestra “que la titular de la institución, Ernestina Godoy, lanza acusaciones sin sustento puesto que la mujer perdió su empleo, es motivo de estigma social y sus dos hijos fueron despedidos de su trabajo, lo cual dificulta aún más su situación familiar”.
Teófilo Benítez pidió a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez, “asumir su función de proteger a las mujeres y a las víctimas del abuso del poder y no encubrir por cuestiones ideológicas o políticas a quienes ejercen esa violencia so pretexto de aplicar la ley”.