Los alcaldes de Epazoyucan, Fidel Arce Santander; Huautla, Felipe Juárez Ramírez, y Yahualica, Elías Sanjuán Sánchez, fueron vinculados a proceso y permanecerán en prisión por su presunta responsabilidad en uso ilícito de atribuciones agravado y peculado agravado que, en conjunto, asciende a 70 millones 56 mil 287 pesos.

Los casos corresponden al uso de un mecanismo de transferencias a empresas fantasma y simulación de obras que las autoridades de Hidalgo han denominado «la estafa siniestra», y en el cual presuntamente están implicados 13 alcaldes y dos secretarías del gobierno de Omar Fayad Meneses. Por lo tanto, el monto total del probable desfalco alcanza los 522 millones 824 mil 955 pesos.

Contra el edil de Nopala, Luis Enrique Cadena García, quien tras su detención había logrado no permanecer recluido al conseguir un amparo, se giró una nueva orden de aprehensión ya que no se presentó a la audiencia en la que se definiría su situación jurídica, por lo que el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEH) lo consideró sustraído.

A diferencia de los otros tres presidentes municipales, Cadena, emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), consiguió su liberación la madrugada del jueves 24 de noviembre. Aunque obtuvo el beneficio de seguir su proceso en libertad, se le fijó, como medida cautelar, separarse del cargo y no salir del país, además de cumplir con los requerimientos de la autoridad judicial por las imputaciones que tiene por transferencias de 71 millones de pesos a supuestas firmas fachada que emitieron facturas por servicios que la Procuraduría estatal considera inexistentes.

Tras dejar de estar bajo la custodia de la policía ministerial, el domingo 27 asistió a la Ciudad de México a la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien, afirmó en sus redes sociales, ha acompañado por 11 años. Además, compartió fotografías y un mensaje en el que, sin hacer alusión al proceso que enfrenta, dijo que el tiempo le daría «la razón», que seguiría «firme» y saldría «adelante».

No obstante, al día siguiente no se presentó a los juzgados de Pachuca al argumentar tener síntomas de covid-19. La jueza de control lo emplazó a acreditar la enfermedad y presentarse –su defensa buscaba que compareciera por vía remota a través de videoconferencia–, pero no lo hizo. Al vencer el plazo este martes a las 2 de la tarde, la autoridad lo consideró sustraído de la justicia y emitió una nueva orden de aprehensión.

Para los otros tres se determinó la prisión preventiva justificada por petición del ministerio público, que argumentó posible riesgo de evasión dado su capital político y económico. Esta medida estará vigente mientras se realiza la investigación complementaria, para lo cual los jueces otorgaron cinco meses.

Aunado a estos cuatro probables implicados, el alcalde del municipio rural de Pisaflores, Luis Francisco González Garay, fue declarado prófugo de la justicia y también tiene orden de aprehensión por los mismos delitos y un monto de 30 millones 960 mil 890 pesos.

Proceso informó que el 24 de noviembre, en la serranía hidalguense, la policía ministerial coordinó un operativo para aprehender al munícipe; no obstante, no fue ubicado y por rastreo de inteligencia se conoció que se había refugiado en otra entidad, presumiblemente al conocer sobre la orden para su captura y el arribo de elementos de la procuraduría a su región.

Por este motivo, la PGJEH solicitó al Tribunal Superior de Justicia estatal una declaración como prófugo que fue concedida. De igual manera, González Garay fue destituido de su cargo por la asamblea de Pisaflores y su búsqueda continúa.

Contra los alcaldes en prisión las imputaciones son por 26 millones 615 mil 780 pesos en Huautla, 29 millones 224 mil 727 pesos en Yahualica y 14 millones 215 mil 780 pesos en Epazoyucan.

Por Staff

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