La Junta Política y de Gobierno del Congreso de Morelos ya está en posesión de la solicitud de juicio de procedencia en contra del Gobernador Cuauhtémoc Blanco, postulada por el vicefiscal Anticorrupción, Edgar Rodolfo Núñez Urquiza.

De lo anterior dieron cuenta la secretaria de la Mesa Directiva, diputada Mirna Zavala, y la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Luz Dary Quevedo, en sesión oridnaria al Pleno del Congreso al hacer referencia a las tres solicitudes que fueron presentadas el 18 ante el Congreso y ratificada ante la Junta el 19.

Con fundamento en el proceso correspondiente, la Junta Política tiene ahora la responsabilidad de determinar si la parte denunciante cumple con los requisitos establecidos y si el denunciado es considerado sujeto de formación de causa, es decir, si la conducta que se le atribuye corresponde a la que señala el artículo 136 de la Constitución de Morelos.

Además, si las pruebas aportadas por el denunciante tienen relación con los hechos de los que se acusa.

“(…) el Congreso del Estado declarará por mayoría absoluta del total de sus miembros previa audiencia del acusado por sí, por su defensor o por ambos, si ha lugar o no a la formación de causa. En caso negativo cesará todo procedimiento en contra del servidor público, sin perjuicio de que la acusación continúe cuando éste termine su cargo. En caso afirmativo, quedará suspendida en el ejercicio de sus funciones y a disposición de los Tribunales comunes, para la instrucción del proceso respectivo”, se lee en el artículo 136.

De qué se le acusa al Gobernador morelense

 

 

La solicitud para el juicio de procedencia resultó de tres carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos. Con registro FECC/478/2021-09, la primera corresponde al enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración ante autoridades, toda vez que no hay correspondencia entre sus percepciones y sus declaraciones patrimoniales.

Otra, bajo el número FECC/493/2021-09, relativa al ejercicio ilícito del servicio público y falsificación de documentos, toda vez que el exfutbolista habría presentado constancias apócrifas para comprobar su residencia en Morelos y poder estar así en las boletas electorales, primero, para los comicios del municipio de Cuernavaca y luego para los del estado.

La última, FECC/625/2021 por delito de fraude procesal, derivado de su reciente viaje de descanso familiar en Brasil, abandonado más de 15 días su responsabilidad al frente del Gobierno morelense, pues no solicitó la autorización del Congreso, ni dejó a un interino.

Los inconvenientes y tareas del Congreso

Tras el reciente fallecimiento del diputado local del PRI, Juan José Vázquez Yáñez, quien no contaba con suplente, el Congreso quedó con 19 legisladores.

En días pasados, la presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Mireya Gally Jordá, expuso que en caso de que Vázquez Yáñez se ausentara en definitiva por cualquier motivo, su curul quedaría vacante y la mayoría calificada sería modificada a 14 votos mínimo.

Otro inconveniente del recinto legislativo es que la Junta Política y de Gobierno no tiene titular. La legisladora Paola Cruz fue destituida del cargo acusada de generar parálisis legislativa. Hasta hoy, el Congreso no ha acordado su reemplazo.

Así, resultan 10 los diputados opositores, en tanto que los que el Mandatario estatal presume lo rescatarán del desafuero, suman nueve.

Sin embargo, la Junta Política está integrada por ocho personas la morenista María Paola Cruz Torres, Óscar Armando Cano Mondragón del PAN, Alberto Sánchez Ortega, priísta; Julio César Solís Serrano de Movimiento Ciudadano.

Verónica Anrubio Kempis de Nueva Alianza, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, petista; Érika Hernández Gordillo de Redes Sociales Progresistas y Mirna Zavala Zúñiga de Encuentro Social.

Con base en la Ley Orgánica del Congreso local, los acuerdos de la Junta Política serían por consenso y en caso de no haber acuerdo, por mayoría calificada mediante el sistema de voto ponderado.

“La Conferencia adoptará sus resoluciones por consenso; en caso de no alcanzarse éste, se tomarán por mayoría calificada mediante el sistema de voto ponderado de los coordinadores de los grupos parlamentarios, que representarán tantos votos como integrantes tenga su fracción parlamentaria”, cita la Ley Orgánica.

Procedimiento en el Congreso

En el caso de que la Junta Política y de Gobierno dictamine la procedencia de juicio político contra el Gobernador, deberá turnarse a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado.

Éste fungirá como Comisión Instructora del Procedimiento y contará con cinco días hábiles para notificar al Mandatario del Morelos y citarlo a comparecencia, tras la cual declarará la procedencia o improcedencia de la solicitud.

En caso de que proceda, Blanco quedaría suspendido de sus funciones y por tanto a disposición de la autoridad. De decretarse improcedencia, la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción quedará suspendida y por tanto si afectaciones para continuar en el cargo.

La decisión última del Congreso será inatacable.

Ciudadanía espera limpieza en el procedimiento

Una vez hecha hizo la solicitud al Congreso loca, el Mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, salió en defensa del exdelantero americanista asegurando que es víctima de políticos del pasado.

Las acusaciones que se le hacen, dijo el Presidente, son “politiquería”.

“Yo lo apoyo”, insistió demeritando las denuncias presentadas por el ex asesor Anticorrupción, Gerardo Becerra, y por el presidente del Colegio de Abogados de Morelos, Enrique Paredes.

Arropamiento que Blanco ha aprovechado para presumir el acuerdo de algunos diputados para defenderlo ante un juicio político en su contra.

En contraparte, la diputada Paola Cruz Torres, coordinadora de la bancada morenista en la 55 Legislatura local, enmendó la plana al aclarar que el acuerdo de ese partido en el Congreso es con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

  1. Desestimando así un hipotético convenio con los partidos Morena, Encuentro Social (PES), del Trabajo (PT) y Redes Sociales Progresistas (RSP) con los que Blanco se vanaglorió.

 

Por Staff

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