El órgano de control interno del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), inició un procedimiento administrativo en contra de una funcionaria de la institución financiera del gobierno de México por presuntos actos de conflicto de interés entre servidores públicos y la supuesta entrega de contratos a familiares.

De acuerdo al oficio 47530/2022, se inició una investigación en contra de la Coordinadora Técnica Administrativa de Banobras, María Cristina Prado Castañeda, quien asumió el cargo el 1 de diciembre de 2019.

La investigación abierta advierte que la funcionaria federal habría beneficiado con la adjudicación directa de contratos a su pareja sentimental, identificado como Benjamín Joaquín Guzmán Escorcia, quien actualmente se desempeña como subgerente adscrito a la misma oficina de Prado Castañeda.

En 2021, Banobras adjudicó dos contratos DAGA/017/2021 y DAGA/018/2021 a los prestadores de servicios Edgardo Manuel López García y Benjamín Joaquín Guzmán Escorcia, refiere la investigación del órgano de control interno de la institución financiera.

Después, el 1 de febrero de este año, ambos prestadores de servicios beneficiados con contratos fueron contratados por Banobras para laborar directamente en la Coordinación Técnica Administrativa de la dependencia federal.

Por ello, se advierte que la titular de la Coordinación Técnica Administrativa, María Cristina Prado Castañeda incurrió en posibles “faltas administrativas graves”.

“No actuaron conforme a las leyes porque adjudicaron contratos a familiares; No actuó con rectitud pues utilizaron el empleo para beneficiar a su pareja; no cumplió con el interés superior pues aumentaron la plantilla laboral lo que va en contra de la austeridad republicana, dando preferencia a intereses personales”, señala el expediente que se puede consultar en  el portal de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

También, se acusa a la funcionaria de no sujetarse a los principios de austeridad porque crearon plazas a modo para beneficiar a amigos y familiares.

Hasta el momento, la investigación no ha concluido y se mantiene abierta para deslindar responsabilidades y reparar el posible daño a la administración pública.

Por Staff

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