Luego de haber logrado frenar su extradición a Estado Unidos, Rafael Caro Quintero sigue envuelto en una batalla con las autoridades mexicanas, pues su defensa promovió un cuarto amparo en el que acusó, entre otras cosas, estar incomunicado de su familia y sus abogados.

El pasado 7 de agosto el representante legal del Narco de narcos, Carlos Enrique García Limón, interpuso una demanda de amparo en contra del Director General del penal del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde el capo se encuentra recluido; así lo reveló un documento del Consejo de la Judicatura Federal.

En el documento se reclamó que el quejoso ha sido víctima de segregación, de incomunicación con sus familiares, así como con sus abogados, además de que no se le ha permitido nombrar un defensor, por lo que se atentó su derecho a la adecuada defensa.

Por ello, un juzgado en materia de Amparo y juicios federales del Estado de México le concedió la suspensión de plano y de oficio para que cesen dichas acciones y el imputado pueda ver a sus familiares y abogados; no obstante, dicha resolución no implica que el fundador del Cártel de Guadalajara haya ganado el juicio de amparo en contra del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno.

Con la suspensión de plano otorgada al juicio número 1241/2022, las acciones de segregación e incomunicación deben terminar de forma inmediata “a efecto de salvaguardar los derechos fundamentales del quejoso”, de acuerdo con los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, por lo que las autoridades correspondientes deberán dar aviso en un plazo de 12 horas del acatamiento de la instrucción.

Se trata del cuarto amparo promovido a favor del también llamado Don Rafa, desde su detención el 15 de julio pasado en la localidad de San Simón en el municipio de Choix, Sinaloa, por elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

En días previos la defensa del narcotraficante promovió otro amparo acusando actos de tortura, así como malos tratos y vejaciones dentro del penal de Almoloya. También, se denunció que Quintero permanecía incomunicado, aislado y haber sido víctima de daños físicos y psicológicos por parte de las autoridades de la penitenciaría.

Por ello, del mismo modo, un juez de Amparo del Edomex le concedió la suspensión de plano y oficio a favor del capo, sumado a que las autoridades del penal debían hacer entrega de un informe de las medidas de protección implementadas en beneficio del narco de 69 años.

Con respecto a su extradición, un tribunal emitió desde el pasado 2 de agosto que el narcotraficante no podrá salir del penal en Almoloya de Juárez hasta que se resuelva su juicio de amparo, por lo que la próxima audiencia se fechó para el 25 de agosto próximo; sin embargo, dicha decisión fue impugnada por la Fiscalía General de la República (FGR).

En tanto, recientemente se dio a conocer que el fundador del Cártel de Caborca sumó a su defensa abogados particulares, de cara a su posible extracción que al momento se encuentra detenida. Y el que el pasado 1° de agosto sobresalió que el narco aceptó la defensa de un abogado de oficio como su representante legal. No obstante, cambió de opinión.

Según el expediente 1204/2022  Caro Quintero levantó la petición para contar con legistas privados y no del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), como se dio a conocer.

Por Staff

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