La empresa Actidea, SA de CV, en la que está registrada Adriana Rivera, hermana de Angélica Rivera, exesposa del expresidente Enrique Peña Nieto, está en el mapa de la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre los millonarios depósitos que recibió el priista.

La revisión de las finanzas de Peña Nieto se inició en la UIF, entonces encabezada por Santiago Nieto, luego de que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, presentó una denuncia contra más de 70 personas por supuestos actos de corrupción, entre los que se encontraban el expresidente y otros funcionarios, con la cual buscaba obtener un criterio de oportunidad.

Derivado de lo anterior, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la UIF remitir toda la información relacionada con el exmandatario y otras personas. Sin embargo, hasta ahora la Fiscalía, encabezada por Alejandro Gertz Manero, únicamente ha podido proceder penalmente en contra del exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury.

De acuerdo con Nieto, extitular de la UIF, la revisión sobre los movimientos de Peña Nieto también incluyó a empresas vinculadas con su exesposa Angélica Rivera.

Una de esas compañías es Actidea, propiedad de Eduardo Gama y Alfredo Gatica, yerno del expresidente Carlos Salinas de Gortari; dedicada a la organización de eventos, en ella se encuentra registrada Adriana Rivera.

Durante el sexenio de Peña Nieto Actidea obtuvo por adjudicación directa millonarios contratos para organizar diversos actos, entre ellos las cinco ceremonias del Grito de Independencia que correspondieron al mandatario.

También organizó la visita del rey Felipe VI de España a Zacatecas, en julio de 2015, y hasta la visita que el papa Francisco realizó en febrero de 2016.

En total, entre 2013 y 2018, la empresa obtuvo 106 contratos por adjudicación directa, por los cuales ingresó 601 millones 849 mil 992 pesos.

Uno de los contratos más grandes que la empresa consiguió fue con la Secretaría de Economía, por 93 millones 866 mil 157.66 pesos por adjudicación directa, en marzo de 2013.

Al siguiente año obtuvo por adjudicación directa otro contrato con la Secretaría de Relaciones Exteriores para organizar la XXIV Cumbre Iberoamericana que se realizó en Veracruz, con la cual obtuvo 90 millones 69 mil 894.84 pesos.

En febrero de este año, Juan Collado, quien fue abogado de Enrique Peña Nieto en su juicio de divorcio con la actriz, señaló mediante una carta, que se hizo pública, que Rivera instruía, desde su oficina, para que las empresas cercanas a su familia prestaran servicios en las ceremonias especiales de la Presidencia de la República y en las diversas secretarías de Estado.

“Ella, junto con sus hermanas, impedían que algún proveedor que no fuera parte de su red tuviera oportunidad de ofrecer sus servicios para dichos eventos, consiguiendo que licitaciones o invitaciones restringidas fueran asignadas a empresas afines. Este hecho por supuesto generaba las condiciones para poder tener acceso a contratos que en suma ascendieron a mil millones de pesos por medio de comisiones.

“Dentro del gabinete del presidente Peña se acataban las instrucciones que la propia señora daba y se sabía que los recursos eran enviados a Estados Unidos por medio de diversos fideicomisos que manejaba su hermano Manuel Rivera y que los operadores principales de ello eran la señora Rosaura Henkel, la familia Álvarez Morphy y el señor Héctor Loustanau, persona de la mayor confianza y amistad de la señora Peña”, indicó el litigante ahora preso en el Reclusorio Norte, acusado de delincuencia organizada y lavado.

El abogado detalló que Rivera dio instrucciones para que se le otorgara una concesión de radio FM a Rosaura Henkel, con la condición de que ella se quedara con 50% del uso de la concesión.

“Tengo conocimiento de todos estos hechos ocurridos mientras ella era la esposa del presidente, lo cual constituye un abuso de su condición e influencia”, precisó.

Lupa a particulares

El jueves 7, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el actual titular de la UIF, Pablo Gómez, dio a conocer que la unidad a su cargo detectó que Peña Nieto obtuvo recursos mediante transferencias internacionales por más de 26 millones de pesos, entre el 21 de agosto de 2019 y el  29 de octubre de 2021, a cuentas que tiene en España.

Santiago Nieto dio a conocer que esa información fue la que la UIF a su cargo entregó en 2021 a la FGR como parte de las investigaciones sobre la denuncia de Emilio Lozoya.

Esa información incluye aquella vinculada a la exesposa de Peña Nieto. Sin embargo, en su presentación, Pablo Gómez rechazó precisar quiénes más forman parte de la denuncia que ahora presentó la UIF o si las empresas a las que se vincula al exmandatario también están relacionadas con Angélica Rivera.

“No puedo decir cuáles son las personas. No estamos autorizados nosotros para dar estas informaciones en este momento procesal, en otro momento podríamos estarlo”, señaló.

Gómez precisó que la denuncia presentada ante la FGR no se trata de hechos ejecutados por servidores públicos, sino de actividades en el sistema financiero por parte de particulares.

Pese a los movimientos inusuales detectados y a la denuncia presentada ante la FGR, el titular de la UIF indicó que hasta el momento ninguno de los involucrados ha sido agregado en la lista de personas bloqueadas, pues aún se requiere de mayor información para tomar una determinación de ese tipo.

Por Staff

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.