De nueva cuenta, el equipo de Marcelo Ebrard Casaubón escondió hoy la “nómina paralela” de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que incluye a amigos y aliados del canciller, a los que la dependencia pagó hasta 90 mil pesos mensuales en 2021 mediante una empresa de outsourcing.
En julio pasado, Proceso reveló que, entre 2019 y 2020, la Cancillería había pagado millones de pesos a aliados de Ebrard, incluyendo periodistas, familiares de Manuel Camacho Solís y Elba Esther Gordillo –mentores políticos del canciller–, excolaboradores en la Línea 12 del Metro o el abogado de su exesposa, entre otros.
Estas personas no aparecían en ninguna nómina oficial y no tenían que rendir cuentas al gobierno mexicano, pues la Cancillería les pagó a través de una empresa de outsourcing llamada We Keep On Moving, S.A. de C.V., bajo el concepto de “servicios especializados”.
Después de este primer trabajo periodístico, Proceso presentó una solicitud de información en la Plataforma Nacional de Transparencia, en la que pidió a la Cancillería la lista de personas retribuidas mediante otra relación de outsourcing con un consorcio encabezado por la empresa Corporativo Sag de To, S. de R.L. de C.V. contratada en enero de 2021 por 161 millones 460 mil pesos.
Sin sorpresa, el equipo de Ebrard, aspirante a la candidatura de Morena para las elecciones presidenciales de 2024, se negó a proporcionar la información: la clasificó como “confidencial”, bajo el pretexto de proteger los datos personales de las personas subcontratadas. Proceso impugnó esta respuesta.
El pasado 9 de febrero el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio la razón a este semanario. Aseveró que las personas subcontratadas recibieron recursos públicos para realizar funciones que “se encaminan a cumplir con los objetivos de la Institución, mismas que deben cumplir también los servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores”.
Tras confirmar que el listado de nombres “es de naturaleza pública”, ordenó a la dependencia que lo haga público. La sorpresa llegó hoy, más de un mes después, el viernes 18 de marzo, con la notificación de la Cancillería de que no haría caso al INAI, a pesar de que sus instrucciones son inatacables.
La Dirección General del Servicio Exterior y Recursos Humanos (DGSERH) indicó que enviaría un oficio a la empresa “a efecto de que dicha persona moral, proporcione el documento en el que conste el consentimiento por parte de los titulares de datos personales, que permita hacer pública la información solicitada por ese Instituto”.
En otras palabras: la dependencia pedirá a las propias personas si están de acuerdo o no en que se den a conocer sus nombres.
La DGSERH es un área clave en la Cancillería. Hasta diciembre pasado, era encabezada por Moisés Poblanno Silva, un incondicional de Ebrard desde la Oficalía Mayor de su gobierno capitalino, cuando fue coordinador de asesores de Adrián Michel Espino, ahora alto funcionario de la Cancillería.
Poblanno es ahora titular de la Unidad de Administración y Finanzas (UAF) de la Cancillería, cargo en el que sustituyó a José Antonio Domínguez Carballo, quien fuera abogado del canciller durante el sexenio capitalino de Miguel Ángel Mancera, cuando se le acusó por las irregularidades detectadas en la Línea 12 del Metro capitalino, la obra emblemática de Ebrard que se colapsó en mayo pasado.
La nueva titular de la DGSERH es Amira Stanford Bestt, también incondicional de Ebrard desde hace más de una década y media: fue directora general de la Secretaría de Seguridad Pública bajo el mando de Ebrard y Contralora General de su administración capitalina.
Opacidad
El desacato de la Cancillería a la orden del INAI no es inédito. En el verano del año pasado, la Cancillería ya había negado a Proceso la información relativa a las personas subcontratadas en 2020.
En aquel entonces, el argumento de la DGSERH fue todavía más absurdo: afirmó que “sí existe dicha información, no obstante no se encuentra en poder de la SRE, toda vez que (…) es el prestador de servicios quien está en posesión de la información de los perfiles”.
Además, dijo que “ninguna área de la Cancillería está involucrada en la selección del personal, ya que ésta es una responsabilidad de la empresa contratada”. Insistió en que la empresa “es la responsable de proporcionar el servicio solicitado por la SRE, por la que la Dependencia no participa en la selección de personal, ni lo subcontrata, y mucho menos existe una relación laboral con la Administración Pública Federal, por lo que no existe selección de personal”.
Estos argumentos eran una mentira. Proceso obtuvo un documento interno de la Cancillería en el cual aparecían los nombres de las personas contratadas, las áreas de adscripción y sus salarios netos mensuales.
Contrario a lo que afirmó la DGSERH, la Cancillería sí seleccionó a las personas contratadas, algunas de ellas en el propio círculo de amigos y aliados de Ebrard, incluyendo a integrantes del equipo de José Antonio Meade Kuribreña, fracasado candidato presidencial por el PRI en 2018.
Así, el periodista Fernando Coca Meneses cobró 60 mil pesos mensuales y su hijo otros 27 mil pesos al menos entre junio y diciembre de 2020, los meses previos a la publicación de su libro Línea 12: Lobos al Acecho, en el cual exculpa a Ebrard de cualquier irregularidad en torno a la construcción de la Línea 12 del Metro capitalino.
La lista también incluía a Elvira Camacho Velasco, hija de Manuel Camacho Solís –regente del Distrito Federal durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari–, o Carlos Fernando de León Fernández, viudo de una de las hijas de Elba Esther Gordillo, otrora lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
La Cancillería también pagó 36 mil pesos mensuales a Moisés Guerrero Ponce, quien en la administración capitalina de Ebrard fungió como director de Construcción de Obras Civiles en el Proyecto Metro, y en julio de 2015, estuvo brevemente prófugo, por las irregularidades detectadas en la Línea 12, junto con otros dos exfuncionarios del Proyecto Metro. El hombre forma parte del grupo de 10 exfuncionarios de Ebrard a los que la fiscalía capitalina imputa los delitos de homicidio culposo en el derrumbe de la Línea 12.
El reportaje de Proceso también documentó que la Cancillería pagó 60 mil pesos mensuales a la periodista Isabel Arvide antes que el presidente Andrés Manuel López Obrador la enviara como cónsul de México en Estambul, o que la dependencia desembolsó otros 72 mil pesos mensuales para pagar al abogado Alejandro Pascal Cabral y su hijo.
En 2015, Pascal fue abogado de Mariagna Prats Donovan, la primera esposa de Ebrard, cuando el gobierno congeló sus cuentas y de la empresa Constructora Enalser en una investigación sobre la casa de Ebrard en la colonia Roma.