El Magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles denunció al Presidente del Tribunal de Morelos, Luis Jorge Gamboa Olea, por querer persuadirlo para liberar a ‘El Diablo’, presunto asesino de tres jóvenes en Huitzilac, Morelos. Dos de ellos eran trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública. También intentó disuadir su sentencia en un tema en el que están denunciados servidores públicos.
En el caso de «El Diablo», Gamboa Olea lo llamó a su oficina para insistirle que era una petición del mismísimo titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, le pidió apoyo por ser “un tema complicado”.En abril, la Jueza Alejandra Trejo Resendiz liberó «El Diablo», quien es parte de “Los Netos”, uno de los principales grupos generadoras de violencia en Huitzilac y Morelos, de la cual el líder es su primo Ernesto Ibarra Torres, feminicida detenido el 1° de julio.
Por actos poco claros por parte del Poder Judicial, a “El Diablo” se le ha tratado más como víctima que como delincuente, no obstante, las pruebas que pesan en su contra presentadas por la Fiscalía General del Estado.
El pasado 16 de abril fue trasladado al Hospital G. Parres para su atención médica, luego de resultar con lesiones por golpes y arma de fuego en una gasolinera del poblado de Tres Marías durante un enfrentamiento, causa por la cual rindió declaración ante personal de la Fiscalía de Morelos.
Ese mismo día, en la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio se recibió una denuncia anónima que lo relacionó con el feminicidio y doble homicidio, de ahí que se solicitó un cateo en dos domicilios con los que “El Diablo” estaría vinculado.
El 19 abril, el Juez Natanael Subdias Aguilar concedió los permisos de cateo que fueron efectuados la madrugada del día siguiente y debido a las pruebas halladas se solicitó orden de aprehensión en su contra que fue ejecutada el 21 de ese mes.
Tres días más tarde, el 24 de abril, apareció una manta en la entrada principal de la iglesia del poblado de Huitzilac, en la que hicieron señalamientos al Gobernador Cuauhtémoc Blanco y a Gamboa Olea.
Al primero acusándolo de dar contratos “a sus amigos” de Guerrero y al segundo, de dejar en libertad a todos delincuentes de la Familia Michoacana. El mismo día, una mujer que dijo ser hermana de Ibarra Ramírez acudió a la Comisión de Derechos Humanos de la entidad.
En la audiencia de vinculación a proceso del día 25 la Jueza Trejo Resendiz dejó en libertad a “El Diablo”, sin embargo, su hermana volvió a contactar a la CDH para reportar su desaparición.
Por su parte, la Fiscalía de Morelos presentó el día 27 una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en contra de la Jueza Trejo Reséndiz. En paralelo, la CDH inició una investigación, por tortura cometida por personal del Centro de Readaptación Social de Atlacholoaya contra Ibarra Ramírez.
El mismo día, el presunto delincuente subió a redes sociales un video con calidad profesional en el cual lanzó acusaciones en contra de la Fiscalía General de Morelos, hazaña que repitió el 4 mayo.
Cinco días más tarde, el 9 de mayo, fue otorgada una suspensión temporal a favor de Luis Alberto Ibarra Ramírez.
La Queja de la CDHM contra el titular del Poder Judicial Por presuntos actos de acoso laboral en agravio de tres mujeres, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM) los primeros días de julio inició una queja en contra de Luis Jorge Gamboa Olea.
Hechos que al día siguiente en conferencia de prensa fueron rechazados por el Presidente Magistrado y por el contrario se dijo víctima de una campaña política derivada de resoluciones emitidas por jueces que le son adversas a la Fiscalía General de Morelos.
Al tiempo que acusó al organismo de Derechos Humanos de vulnerar la autonomía del Poder Judicial, tras solicitarle un informe de los hechos por los que se le acusa.
Además, de acuerdo con el Ombudsperson Raúl Israel Hernández Cruz, éste no es el primer caso en el que Gamboa Olea está involucrado, ya que existen dos quejas a petición de parte en su contra de personas que laboran en medios de comunicación.
“Tenemos dos integraciones en donde compañeros y compañeras del gremio periodístico señalan actos de amenaza, de intimidación en ejercicio de su labor comunicadora”, relató el Comisionado de Derechos Humanos.