Por vacaciones del Poder Judicial del estado, el Tribunal de Enjuiciamiento interrumpió el juicio que desahoga contra el exprocurador de protección de adultos mayores del estado, Alejandro Fernández Montiel, imputado como presunto responsable de la violación de un adolescente que estaba en un centro de atención.
Fernández Montiel fue detenido el 23 de octubre de 2019 acusado por la violación de un menor de edad que, en distintos momentos, estuvo bajo su protección por los cargos públicos que ocupó. Al ser detenido, el indiciado era titular de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social (PDPAM), dependiente del DIF estatal.
Los cargos que enfrenta son por violación doblemente agravada por incluir los elementos del mismo acto de la agresión, la posición asimétrica de poder entre la víctima y su victimario, además de tratarse de un servidor público.
La audiencia del juicio oral 35/2022 comenzó el lunes. El Tribunal de enjuiciamiento es presidido por el juez Francisco Pablo Alvarado Silva, y lo completan Carlos Alberto Álvarez Hernández y Javier Pérez Gutiérrez.
Aunque todavía quedan por desahogarse varios elementos de prueba, y por lo menos los testimonios de 12 testigos más, los integrantes del tribunal decidieron suspender desde hoy la audiencia de juicio, aun cuando las vacaciones del Poder Judicial comenzarán el martes.
El receso de la audiencia fue programado hasta el 11 de agosto.
El propio juicio sufrió por lo menos 14 aplazamientos antes de comenzar, por distintas diligencias y peticiones hechas por el defensor del exfuncionario inculpado, el abogado Marco Polo Méndez Alonso, a su vez exfuncionario de la Fiscalía estatal.
Los jueces pretenden desahogar el resto de los testimonios en dos días, 11 y 12 de agosto, para declarar el cierre de esta etapa y proceder a los alegatos finales y una sentencia.
El adolescente víctima es representado por la Fiscalía, pero asesorado también por la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del estado (PPNNA).
La defensa impugnó esa representación para el juicio y pretendió que fuera eliminada porque la víctima cumplió los 18 años, el Tribunal rechazó esta petición puesto que al momento en que se cometieron los abusos sexuales no solo era menor de edad, sino que estaba bajo la protección o tutela del Estado por diversas circunstancias familiares.
En el juicio han declarado también testigos por parte de la defensa que pretenden desestimar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se habrían cometido las violaciones imputadas al exfuncionario, quien años atrás había sido reconocido por su labor altruista con la Presea Plan de San Luis.
Los peritajes físicos y psicológicos practicados al adolescente han confirmado la violación sufrida, según se ha expuesto durante los primeros días del juicio por parte de los peritos responsables de realizarlos.